Los indicadores que se proponen en este capítulo combinan procesos y resultados, además de estar relacionados, cuando así se indica, con las metas e indicadores de los ODS que se han definido para la migración internacional. En algunos casos, los indicadores de resultados son exploratorios, ya sea porque no se han elaborado o porque siguen sujetos a las prioridades y posibilidades que cada país disponga. Dado que el capítulo A tiene un carácter de marco general respecto de los demás capítulos de la presente propuesta y a la luz de la meta 17.18 de los ODS en relación con los desgloses posibles de la información, se entiende que los indicadores de los ODS sobre las diferentes dimensiones del bienestar que se han incorporado en dicho capítulo se aplican también a la población migrante, tal como establece explícitamente el texto de la meta. En el caso del indicador F.3 (indicador de los ODS 10.7.2 (Índice de las políticas relativas a las migraciones internacionales)), los países disponen de un amplio rango de posibilidades para formular sus contenidos.
De esta forma, se busca resaltar el propósito original del capítulo y sus medidas prioritarias, esto es, abordar los asuntos de la migración internacional en las normativas, políticas y acuerdos entre países desde una perspectiva de largo plazo, centrada en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes (lo que por definición conlleva no solo la lucha contra la discriminación, sino también la inclusión de la trata de personas y el tráfico de migrantes, la irregularidad, las solicitudes de refugio y el refugio), sin distinción de condición y de estatus migratorio.
Es importante que se reconozca el carácter laboral de los movimientos migratorios y de sus dimensiones asociadas, que incluyen desde el género, la niñez y adolescencia, hasta el retorno, la emigración y la inmigración. Las distintas formas de movilidad pueden quedar comprendidas en estas dimensiones.
Los indicadores se basan en el marco internacional de los derechos humanos, en los consensos regionales (que incluyen la participación de la sociedad civil) y en las propuestas generales de la Agenda 2030. No debe dejar de mencionarse la Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” (2014).